El secretario general de la Federación de Madera, Construcción y Afines de UGT en Extremadura (MCA-UGT), Miguel Ángel Rubio, asegura que los proyectos presentados por los ayuntamientos extremeños para ser financiados por el Fondo Estatal de Inversión Local "no responden a las expectativas de creación de empleo" que se habían generado en el sector de la construcción y que el propio sindicato había cuantificado en un estudio que se hizo público hace unas semanas.

Rubio recuerda que UGT elaboró un informe, teniendo en cuenta una serie de parámetros y partiendo del dinero que le correspondía a cada localidad, que arrojaba la creación de unos 6.200 empleos en el sector de la construcción en la región por un periodo de contratación de 10 meses cada uno de ellos.

Teniendo en cuenta los proyectos presentados por los municipios y sumando los puestos de trabajo que estos crearán, resulta que la cifra que se ha hecho pública asciende a más de 10.000 empleos, "y eso sería bueno si nos hubiéramos equivocado a la baja", apunta Rubio, que añade que "esto esconde una realidad porque la mayoría de los proyectos presentados no tendrán más de 3 ó 4 meses de duración de la obra y no 10 como se pedía".

En este sentido, considera que esta cifra "está muy por debajo de las expectativas previstas, ya que teniendo en cuenta la escasa duración de la mayoría de los contratos, se debería estar hablando de unos 12.000 puestos de trabajo".

Así, cita casos concretos como el ayuntamiento de Badajoz para el que UGT había planteado la creación de 832 empleos durante 10 meses y los proyectos que ha presentado suman 511 puestos de trabajo "y algunos de ellos de duración de 3 ó 4 meses". Además, se refiere al consistorio de Cáceres, "que aunque está más cercano a la cifra que se había estimado, ya que se preveían 520 empleos y se crearán entorno a 504, también muchos de sus contratos durarán escasamente cuatro meses". "Quien más ha cumplido las expectativas que UGT preveía son los pequeños municipios de la región, porque los grandes han actuado más para obtener rentabilidad política del asunto que para la creación de empleo que es para lo que va dirigido el Plan Estatal de Inversión Local", matiza Rubio.

En este sentido, critica a algunos ayuntamientos "que han tenido el aliento de las asociaciones de vecinos en el cogote y que ahora han visto una oportunidad de cumplir sus promesas electorales que por su situación económica no habían podido hacer". "El objetivo fundamental de este fondo estatal, que era la creación de empleo, se ha visto en muchos casos aminorado porque han estado abiertos a las presiones de las asociaciones de vecinos y otros colectivos y ahora los más perjudicados son los trabajadores".

Aclara que desde su sindicato se estará "ojo avizor" y no descarta que se produzcan "algunas protestas a las puertas de ciertos ayuntamientos para pedirles cuentas si no se crea el empleo que se ha previsto".

El paro

Respecto a los datos del paro que se conocieron ayer y que recogen que "por primera vez en ocho meses desciende el empleo en la construcción", Rubio califica este hecho como "un espejismo" que pone de manifiesto una práctica fraudulenta que MCA-UGT viene denunciando año tras año y es que en el mes de diciembre las empresas despiden a los trabajadores para evitar costes sociales y vuelven a contratarlos en enero.

Según los datos aportados por Rubio en la región "más de 700 trabajadores con nombres y apellidos han vuelto a ser contratados por la misma empresa de la que habían sido despedidos en diciembre", algo que tacha de "fraude" y por lo que pidió a la administración que "cruce los datos" para averiguar qué empresas han realizado estas prácticas.

Pero, además, critica que "hay empresas que no han contratado personal teniendo actividad laboral para que a la hora de que se le licite una obra del Plan Estatal de Inversión Local pueda decir que ella va a sacar trabajadores del paro cuando antes se había librado de ellos en el mes de diciembre para estar en mejor disposición a la hora de que se le adjudique un proyecto", advierte.

Ante estos hechos, considera que "la administración tiene una labor importante que hacer porque tiene que cruzar datos y comprobar que esas empresas han hecho fraude y que los despidos no merecían a una necesidad".