Entendimiento a medias. La Central Nuclear de Almaraz corroboró ayer que está de acuerdo en compensar a la región por la prórroga de su licencia, como había anunciado el Gobierno regional en la víspera. Sin embargo, todavía hay asuntos por negociar. Por ejemplo, la cuantía de esa compensación.
El portavoz de la planta nuclear, Aniceto González, aseguró ayer que la línea de inversión de 600 millones de euros planteada por la Junta de Extremadura es «excesiva». Añadió que es una cifra «bastante grande».
Sin embargo, González aseveró que es «legítima» la premisa del Ejecutivo regional de cambiar el domicilio fiscal de la nuclear a Extremadura. Esa es una de las condiciones básicas que pone el presidente Fernández Vara para aceptar la prórroga de diez años para la central.
Como es sabido, un cambio en el domicilio social de la empresa propietaria de Almaraz provocaría que tributara aquí impuestos como el IVA, con el consiguiente importante beneficio para las arcas regionales.
No obstante, el portavoz de Almaraz insistió en que el traslado fiscal debe ser una decisión que deben de concretar las empresas eléctricas responsables de la planta, Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa.
El pasado día 29 de diciembre, Fernández Vara condicionó la continuidad de Almaraz a partir de 2010 a la aprobación de un plan de inversiones extraordinarias, de no menos de 600 millones de euros, para actuar en regadíos y en las zonas tabaqueras y olivareras del norte de Cáceres.
Según el portavoz de la CNA, el cambio de domicilio social es una cuestión jurídica que implica cambios legales y, en el caso de que las eléctricas no puedan aprobarlo, es «normal» que las autoridades regionales pidan algún tipo de compensación.
Visita pendiente
Será una de las cuestiones que se perfilen durante la visita que realizará a las instalaciones el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, prevista para finales de febrero o comienzos de marzo, explicó este portavoz.
En todo caso, añadió, la inversión extraordinaria de 600 millones de euros que ha propuesto Fernández Vara para la continuidad de la planta a partir de 2010 es «elevada».
Respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que anula los planes de Emergencia Nuclear exteriores de las centrales nucleares españolas, ha señalado que no afectará «nada» a la prórroga de la licencia de apertura ya que no repercute sobre el normal desarrollo y la seguridad de la planta.
En este sentido, apuntó que comprende la reivindicación de la Asociación de Municipios afectados por Centrales Nucleares (AMAC), que presentaron una demanda por considerar que el plan aprobado en 2006 por el Gobierno central no había contado con los municipios que las albergan.
En todo caso, concluyó, la prórroga de otros diez años del funcionamiento de la planta es una decisión que tomará, en última instancia, el Gobierno.
