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La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura solicita la libre absolución para el alcalde de Malpartida de Cáceres, el popular Víctor del Moral, acusado de una presunta falta de coacciones contra Inés Cambero, que trabajaba temporalmente para el ayuntamiento en los piso tutelados del pueblo.

La trabajadora denunció al alcalde por coacciones después de que éste acudiera a su domicilio, junto con un funcionario, para instarle a que no llevará los tribunales al ayuntamiento, ya que, si esta institución perdía el juicio, pagaría la indemnización y no la readmitiría, puesto que ello supondría hacerla fija.

Según Del Moral, el ayuntamiento tiene cientos de trabajos temporales que no quiere convertir en fijos porque es la única forma que tiene el pueblo de repartir el poco trabajo que hay. Otra razón, según el alcalde, es que entonces los trabajadores se harían fijos sin pasar por una oposición e impediría a otras personas acceder a esos puestos de trabajo.

Cambero, según el alcalde, no fue despedida, sino que se le comunicó el fin de su contrato un día después de haber sido operada de un tumor cerebral.

La trabajadora consideraba que su despido era improcedente y lo denunció a los tribunales, que le dieron la razón por considerar que, aunque su contrato era temporal, el servicio de los pisos tutelados continuaba. "Eso es algo que ocurre con muchos puestos de trabajo, como con los jardines, la depuradora de agua y la limpieza de las calles, entre otros, que se cubren con contratos temporales, aunque los servicios son permanentes", según el alcalde.

Muchos de estos contratos están subvencionados por diferentes programas, por lo que Del Moral se ha preguntado qué pasaría si se hicieran fijos a los trabajadores y las subvenciones un día se terminaran.

El alcalde asegura que fue al domicilio de la trabajadora con el funcionario municipal, no para coaccionarla, sino para decirle que, con la cantidad de puntos que tenía por su antigüedad, en cuanto recibiera el alta médica seguro que volvería a trabajar. La trabajadora se negó, agrega, porque quería conservar la antigüedad.

Según Cambero, el alcalde le amenazó diciendo que si llevaba a los tribunales al ayuntamiento no iba a trabajar más y que no se molestara en denunciar porque se iba a gastar en abogados lo que le iban a dar de indemnización.

El regidor considera que todo esto ha sido una maniobra del PSOE para sentarlo en el banquillo de los acusados y para intentar inhabilitarle en su cargo, porque, en un principio, la denuncia fue por la presunta comisión de un delito, aunque el fiscal la rebajó a falta. En este sentido, precisa que fue denunciado por la trabajadora cinco meses y medio después de que se produjera la presunta coacción, porque, a su juicio, Cambero fue presionada por afines al PSOE.


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