Las cajas de ahorros foráneas estarán obligadas a invertir en Extremadura una parte de sus fondos para obra social que sea proporcional a los recursos que capten en la región. Es lo que establece una orden de la Consejería de Administración Pública y Hacienda que fue publicada ayer por el Diario Oficial de Extremadura y que articula los instrumentos para la materialización de la obra social de aquellas cajas de ahorro que operan en la comunidad autónoma pero cuya sede social se encuentra fuera de ella. La orden puntualiza que se entiende por recursos captados los correspondientes a los depósitos de la clientela, excluidos los ajustes por valoración.
Conforme a los datos del último anuario de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (Ceca), el del 2007, en Extremadura tienen presencia trece cajas de ahorros –sin incluir las dos extremeñas–, que cuentan con un total de 241 oficinas.
Es la Caixa la que posee una red más extensa, con 84 oficinas. El delegado de esta entidad para Extremadura, Cádiz y Huelva, Miguel Angel Palanco, indica que es la única normativa autónomica de este tipo que conoce, pero asegura que desde su entidad se asume sin problemas ya que, afirma, "proporcionalmente nuestra inversión en obra social casi triplica los recursos que se captan en la región". Anualmente, la Caixa invierte alrededor de siete millones de euros en Extremadura.
Tras la Caixa, Caja Duero es la caja no extremeña que posee más oficinas en Extremadura, con 80 a fecha del 31 de diciembre del 2007. Su responsable de obra social en la región, José María Asenjo, señala que aún no ha tenido oportunidad de conocer el contenido de la orden, pero resalta que esta entidad ha cumplido hasta ahora rigurosamente con las directrices autonómicas en esta materia. Según explica Asenjo, Extremadura es la segunda comunidad autónoma en la que Caja Dueron invierte más dinero en obra social –la primera es Castilla y León, donde tiene su domicilio social.
ACCIONES PREFERENTES Otro de los artículos de la nueva normativa otorga un carácter preferente a la realización de determinadas actuaciones dentro la obra social de cada caja, algo que se justifica indicando que están "orientadas a cubrir carencias o prioridades de desarrollo regional". En este capítulo se incluyen dos apartados. Por un lado, aquellas iniciativas sociosanitarias o de carácter cultural. Por otro, "las acciones innovadoras que permitan la generación de espacios competitivos y de apoyo a las iniciativas de jóvenes emprendedores y acciones que fomenten la competitividad e innovación empresarial". Dentro de estas últimas, se destacan especialmente los proyectos que posibiliten la innovación tecnológica, la creación de empleo o el incremento de la productividad.
Miguel Angel Palanco, de la Caixa, tampoco cree que esto vaya a suponer un cambio significativo en la operativa de esta entidad pues, aclara, la Caixa cuenta con un acuerdo marco que se renueva anualmente con la Administración extremeña y que determina a grandes rasgos cómo se invierten los fondos de obra social, rasgos que luego se van precisando a través de diferentes convenios. En este sentido, la orden autonómica matiza que solo se computarán como obra social realizada en la región –a efectos de inversión obligatoria– aquellos gastos e inversiones que se concreten mediante convenios con la Consejería de Administración Pública y Hacienda o sean autorizados por la misma.
La tercera caja de ahorros foránea con una mayor presencia en la región es Caja Madrid, con más de una veintena de oficinas. Según detalla Jorge Torres, director de zona en Extremadura, las políticas de obra social se deciden desde la central en Madrid. Cada año se abre una convocatoria para la presentación de proyectos, a la que puede acceder cualquier persona, bien sea a través de internet o de la red de oficinas. Luego, un gabinete de estudios decide qué proyectos son los beneficiados. El año pasado Caja Madrid destino 250 millones de euros a obra social, de los que alrededor de un millón fue a parar a Extremadura. "Si lo que estamos haciendo hasta ahora no cumple con la nueva normativa, habrá que adaptar a ella nuestras inversiones y ayudas de obra social", reconoce Torres.
