Seis de cada 10 ayuntamientos extremeños cobran tributos tan relevantes como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a partir de unos datos que acumulan más de 10 años de desfase. En algunos casos se utiliza información que no ha sido actualizada desde mediados de la década de los años ochenta a pesar de los grandes cambios inmobiliarios que ha experimentado el país en los últimos tiempos.
Los registros de la Dirección General del Catastro, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, constatan que solo 145, de los 383 municipios de la región, tienen actualizada la valoración catastral de sus inmuebles y superficies, tanto a nivel rústico como urbano. Es decir, más del 60% no cumple con lo que indica la ley en esta materia: recomienda revisar este registro cada lustro y, en teoría, obliga a que se haga al menos una vez cada 10 años.
Pero, como indican distintas fuentes, la responsabilidad no es de los ayuntamientos. En el catastro inmobiliario se deben inscribir, mediante la declaración obligatoria por parte del propietario, todos los inmuebles existentes en cada localidad. Es decir, son los ciudadanos los que deben dar de alta sus inmuebles. Además, existe un sistema de control –mediante inspecciones– por parte de los municipios y de las diputaciones provinciales –muchos pueblos delegan en estos organismos las competencias catastrales– para evitar que se incumpla esta obligación. Sin embargo, la valoración catastral corresponde a la Dirección General del Catastro, que es la que acumula y debe responder de estos retrasos.
Esta situación de desactualización en la mayoría de las localidades extremeñas no dejaría de ser más que una curiosidad si no fuera porque a partir de la valoración catastral de suelos e inmuebles se fijan, cada año, varios impuestos, como por ejemplo el IBI, que supone cerca del 70% de los ingresos tributarios de un ayuntamiento. Asimismo, también influye en el cálculo de otras tasas fiscales como el impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, el IRPF o el impuesto sobre patrimonio.
Esto supone que hay muchos municipios donde se está calculando el IBI a partir del valor que tenía una propiedad hace más de 10 años y sin evaluar posibles cambios de uso o reformas que se puedan haber introducido en este tiempo. Es lo que ocurre por ejemplo en las tres grandes ciudades extremeñas, Badajoz, Mérida y Cáceres (en las dos primeras no se actualiza su valoración catastral desde 1996 y en la capital cacereña, desde 1995) o en otros núcleos importantes como Don Benito (1996), Almendralejo (1994), Plasencia (1995) o Navalmoral (1990).
Pero existen casos más sangrantes. En municipios como Aldeanueva de la Vera, Belvís de Monroy, Saucedilla o Montánchez no se realiza una revisión desde el año 1985, de acuerdo con la información del propio Ministerio de Economía y Hacienda. De hecho, hay 38 localidades –y solo una de la provincia de Badajoz, Guareña– que no han sido valorados desde hace más de 20 años. Buena parte de ellos, por cierto, en la comarca de La Vera: Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, Collado, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Gargüera, Guijo de Santa Bárbara, Robledillo, Talaveruela, Tejeda y Torremenga.
Desde este diario se solicitó al Ministerio de Economía y Hacienda una explicación sobre las causas que han originado tal desactualización, sin embargo no se ha negado el contacto con la Gerencia Regional del Catastro en Extremadura para aclarar la situación. Otras fuentes apuntan a la carencia de recursos técnicos y humanos para cubrir toda la geografía nacional.
No obstante, en los últimos años la labor de la Dirección General del Catastro se está agilizando. Mientras en el 2005 eran más del 75% de los municipios extremeños los que tenían una valoración catastral desfasada, actualmente ese porcentaje se ha reducido a casi el 60%. Solo en el 2007 el Catastro renovó su registro a casi medio centenar de pueblos extremeños.
