Los extremeños se encuentran entre los ciudadanos españoles que más utilizan programas informáticos piratas, es decir, que no pagan las licencias necesarias para utilizarlos a pesar de que son un requisito necesario para ello. Se calcula que el 57% de los programas instalados en los ordenadores extremeños son ilegales, un actividad perseguida por la ley y que provocó el fraude de 14 millones de euros en 2007, que de haberse invertido hubieran generado un volumen de negocio global de 24 millones de euros en el sector de la informática en Extremadura.

Son datos de un estudio realizado por la consultora International Data Corporation (IDC) encargado por Business Software Alliance (BSA) sobre la piratería en todas las comunidades autónomas, que ponen de manifiesto que Extremadura, con un índice de software ilegal que solo supera Andalucía, con un 60%, se sitúa a 14 puntos por encima de la media nacional, fijada en el 43%, y casi en el doble de la media de los países de Europa Occidental, con un 33%.

Con estos datos sobre la mesa, Extremadura se encuentra en un nivel similar al de países como Colombia (58%), Polonia o Marruecos (57%), y muy cerca de los países europeos con la tasa más elevada, que en esta caso la marca Grecia, que supera el 60%. Se trata de programas informáticos –sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones empresariales, software de seguridad– instalados en ordenadores de sobremesa, portátiles y ultraportátiles. Para calcular esta tasa, se considera software pirateado a la diferencia entre aquel por el que el usuario ha pagado (o sin pagar lo haya instalado de forma legal), y todas las unidades instaladas durante un año. En 2007, el mercado extremeño del software alcanzó un valor de 10 millones de euros.

El Comité Español de la BSA considera extremado el volumen de software pirateado que hay en Extremadura, con unos niveles que resulta "nocivo para cualquier país o comunidad", y que puede incluso "alejar a Extremadura de las más desarrolladas en términos de inversión en tecnologías, innovación y fomento de la industrial local", según indica el presidente de dicho comité, Luis Frutos.

La IDC calcula que cada euro que se gasta en la adquisición de software original empaquetado genera un gasto adicional de 1,25 euros en servicios como su instalación, formación y mantenimiento. Teniendo en cuenta que estos servicios los realizan generalmente empresas locales del sector, el estudio incide en que el fraude generado por el uso de software ilegal incide directa y negativamente sobre la economía de la propia comunidad.

En el caso de España, la facturación de este sector ascendió a 1.500 millones de euros el pasado año, una cifra que se hubiera elevado hasta los 2.500 millones de euros de no haberse producido piratería. Sin embargo, este es un extremo que los propios empresarios dedicados a la venta de ordenadores y software consultadas reconocen que, a día de hoy, es "imposible de alcanzar y de calcular". La única solución, añade el responsable de una tienda de Mérida, pasa por la misma que, a su entender, reduciría la copia ilegal de discos y películas, es decir, una rebaja drástica del precio de los productos.

La Busines Sofware of Alliance asegura que la reducción de la piratería de software en España en diez puntos, hasta situarse en el 33% (la misma que la media de la UE) permitiría inyectar en el PIB español 1.400 millones de euros en cuatro años. Esta es la misma cantidad que, por ejemplo, generó en beneficios la pasada Eurocopa de fútbol para toda la UE, según un estudio realizado por MasterCard, o el presupuesto de todo el tramo entre Cáceres y Badajoz del Tren de Alta Velocidad