La delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, estima que el Fondo Estatal de Inversión Local, dotado con 193 millones de euros para la región, permitirá la creación de alrededor de 5.000 puestos de trabajo en la comunidad.
Pereira aclara en que la iniciativa tiene como objetivo también evitar la pérdida de empleo como consecuencia de la "crisis económica", lo que, en su opinión, aumentará la cifra estimada de beneficiarios totales.
La delegada destaca la importancia que a su juicio tiene el fondo anunciado por el Gobierno central en tanto que supondrá "una inyección económica y de esperanza" para los municipios y sus habitantes.
Así, recuerda que con el plan, dotado con 8.000 millones de euros a nivel nacional, el Ejecutivo central pretende "reactivar" la economía, evitar la pérdida de empleo y generar nuevos puestos de trabajo, dentro de una situación económica "difícil" que según dijo "se puede prolongar durante 2009".
Según explica, los proyectos beneficiarios de la inversión no deberán estar incluidos en los presupuestos ya programados por los ayuntamientos para 2009, lo que significa que "no suplirán" dotaciones ya previstas sino que "significarán una nueva inyección para el mantenimiento del empleo y para favorecer la viabilidad de las empresas".
De este modo, resalta que los ayuntamientos disponen desde el próximo día 10 de este mes y hasta el 24 de enero para la presentación de solicitudes, que serán tramitadas por el procedimiento de urgencia, lo que según Pereira permitirá la simplificación de la gestión administrativa necesaria para la licitación y adjudicación de las obras.
Para la elaboración de las memorias y los proyectos, la delegada subraya también que los ayuntamientos contarán con el apoyo técnico y jurídico de las diputaciones de Badajoz y Cáceres. Además, resalta que las mancomunidades podrán colaborar con los distintos municipios para la realización de proyectos, así como en la asunción de la licitación y adjudicación de las obras; y añade que también podrá utilizarse la agrupación de ayuntamientos para el beneficio de estas inversiones.
Según la delegada, entre las obras de competencia municipal susceptibles de beneficiarse del fondo estatal se encuentran las de adecuación, rehabilitación y mejora de espacios públicos urbanos o promoción industrial; así como relativas a la protección del medio ambiente y prevención de la contaminación o ahorro y eficiencia energética; y a la conservación del patrimonio municipal o patrimonio histórico.
También podrán beneficiarse de las medidas proyectos relativos a equipamientos sociales, sanitarios, educativos, culturales o deportivos; relacionados con la red de abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales o gestión de residuos urbanos; y para la prevención y servicio de extinción de incendios, entre otros.
Así, los ayuntamientos, una vez aprobados los proyectos, recibirán el 70 por ciento de los mismos a su adjudicación, y el 30 por ciento restante cuando finalicen las obras y presenten la certificación de las mismas (como máximo en el primer semestre de 2010). El inicio de los proyectos, de igual modo, deberá producirse entre el 11 de enero y el 13 de abril de 2009.
Además, tras resaltar que todo el personal que se contrate deberá ser parado no demandante de primer empleo, Carmen Pereira observa que las solicitudes deberán contemplar el número de personas a ocupar, así como que que los ayuntamientos deberán comprometerse a controlar que los proyectos generen el empleo comprometido.
Pereira se muestra convencida de que todos los alcaldes de la región, con independencia de su color político, "están contentos" con el Fondo de Inversión Local, aunque también reconoció que, dentro de su "responsabilidad", también pueden estar "preocupados" por los plazos y requerimientos necesarios para convertir a sus municipios en beneficiarios del mismo.
Finalmente, la delegada del Gobierno apostilla en que todos los contratos que se realicen dentro de los proyectos que resulten beneficiarios "se ajustarán a la legalidad" y "deberán estar recogidos en las normas vigentes del ordenamiento jurídico español".
