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Cuando aún no se ha ejecutado la sentencia de 2006 del Tribunal Supremo que mantiene paralizadas las licencias en Ciudad Jardín al haber anulado el reparto del suelo, el ayuntamiento se enfrenta a otros cuatro pleitos interpuestos por sendas empresas afectadas que se niegan a que el desbloqueo de la situación venga por una reparcelación encargada por la administración sin haber dado audiencia a los interesados.

Este, y fundamentalmente que no consideran legitimado al ayuntamiento para ello, son los motivos que alegan las empresas Aesa, Diluma y Sierra Calama así como la propia Ciudad Jardín en los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra el acuerdo de la junta local de gobierno que encargó un nuevo proyecto de compensación. Lo que el ayuntamiento justificó en ejecución subsidiaria de la sentencia visto que el anterior no obtuvo la mayoría necesaria para su aprobación por la junta de compensación. Según los recurrentes porque el propio consistorio votó en contra y no ha mostrado voluntad política de hallar una salida negociada. A su juicio, la intervención municipal debería limitarse a impulsar un acuerdo en la junta de compensación misma.

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Sin embargo el ayuntamiento lo ha visto como única salida excluyendo de la nueva reparcelación a los particulares que compraron después el terreno por no haber tomado parte en el conflicto del reparto declarado ilegal con el desacuerdo de los recurrentes, que se consideran, también, terceros de buena fe.

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