El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el líder de la oposición, el recientemente elegido presidente del PP extremeño José Antonio Monago, pusieron ayer fecha a los pactos acordados por ambos partidos al inicio de la legislatura, y se pusieron las bases para tomar nuevas medidas con el fin de paliar los efectos de la crisis financiera en la región, especialmente vinculados al mantenimiento y a la creación del empleo y del tejido productivo. En una reunión celebrada en un ambiente que fue calificado por ambos dirigentes como distendido, y que se prolongó durante hora y media, Fernández Vara y Monago alejaron los puntos que les diferencian y pusieron sobre la mesa aquellos que ambos partidos tienen en común para tratar de defender los intereses de los extremeños, especialmente ante la previsión de que lo peor de la situación económica actual está por aún por llegar.

En esta línea se anunció la aprobación de una Ley regional que inyectará en los municipios extremeños 48 millones de euros, que serán financiados por la Junta, las diputaciones provinciales y las cajas de ahorro extremeñas a través de la obra social del próximo año –Vara solicitará su colaboración en los próximos días–. Esta partida se destinará a la creación de empleos eventuales, que ocuparán los desempleados que sufran la situación económica más complicada, para lo que se tendrá en cuenta el riesgo de exclusión social de los beneficiarios.

El propio Vara apuntó que esta medida no supondrá "una solución definitiva" a la situación actual, un planteamiento compartido por Monago quien señaló que puede ser "pan para hoy y hambre para mañana", pero que al menos ayudará a mitigar las dificultades de quienes se encuentren en una situación más difícil.

En cuanto a los pactos de legislatura, los principales partidos de la región cerraron el documento sobre financiación autonómica que los socialistas trasladaron hace una semana a los populares, y acordaron dar continuidad a la defensa común de la agricultura, especialmente a la espera de la decisión final sobre las ayudas al tabaco que se espera para esta semana.

Pero si algo salió de la reunión sobre los pactos fueron fechas, de tal forma que el PSOE y el PP se comprometieron a aprobar la nueva ley de educación en el primer semestre del 2010, después de un amplio debate durante el próximo año, con la intención de que comience su aplicación en el curso 2010-2011. En cuanto al nuevo Estatuto de Autonomía, quieren tener definitivamente cerrado el documento a principios de año para poder aprobarlo y remitirlo para su aprobación definitiva en las Cortes Generales del Estado en el primer trimestre del próximo año.

Sobre el fortalecimiento del sistema financiero, el dictamen en el que trabajan ambos partidos en el seno de la Asamblea de Extremadura será remitido antes del 31 de diciembre a los consejos de administración, mientras que el acuerdo sobre las competencias de los ayuntamientos tiene su fecha de finalización de estudio y debate para el verano del próximo año 2009.

El líder de la oposición acudió a la reunión con la intención de extender los pactos a otros tres ámbitos: la aplicación de la Ley de Dependencia, el impulso de la investigación, la ciencia y la tecnología como medio para aumentar la competitividad de los sectores económicos, y la puesta en marcha de un plan de austeridad frente a la crisis, y por el que calcula que se podrían ahorrar 150 millones de euros, a través de medidas como la disminución de los gastos en publicidad o la reducción de los cargos de la administración, y que incluye otras acciones como la bajada de los impuestos. Vara dejó la puerta abierta a los dos primeras, pero sobre esta última ya adelantó ayer que será difícil llegar a un acuerdo que posibilite su aplicación.