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Propietarios de terrenos que el Ministerio del Aire expropió para dotar a Cáceres de un aeródromo en la Cervera reclaman la reversión del suelo al Ministerio de Fomento. Es una petición que se hace 32 años después de que se tramitase el expediente de expropiación. La base de esta reclamación es que el terreno no se ha llegado a usar para el objetivo para el que se expropió. La Cervera no se ha convertido en aeródromo a pesar del tiempo transcurrido, motivo por el que se inició el expediente, y ha quedado como campo de vuelo. Su situación en el interior de la Zona de Especial Conservación (Zec) de los Llanos lo acabó descartando como una alternativa para un futuro aeropuerto.

Toda la información, que se conserva en el archivo histórico provincial, se encuentra en un expediente de 1976, aunque el primer anuncio se publicó en 1975 y al menos una de las expropiaciones se cerró después al llegarse hasta los tribunales.

Uno de los anteriores propietarios, los titulares de los terrenos que eran de Antonio López de Montenegro, ya ha solicitado la reversión, según manifestaron ayer fuentes próximas al proceso. Otros dos, entre los que están los herederos de la finca de mayor tamaño de las cuatro afectadas por la expropiación, valoran sumarse a la reclamación y uno de ellos ya ha iniciado trámites para poder pedir la devolución.

La reversión "no ha prescrito", subrayaron las fuentes citadas, que recordaron que ésta se puede solicitar si transcurridos cinco años desde la toma de posesión del bien no se ha ejecutado la obra o no se ha implantado el servicio para el que fueron obtenidos los terrenos en 1976.

El expediente de expropiación para el nuevo emplazamiento de un aeródromo en Cáceres es del año 1976 y afectó a cuatro fincas. La mayor parte del suelo del campo de vuelo era de la finca La Cervera, propiedad de Pilar y María Narváez y Coello de Portugal. De esta finca se expropiaron 188 hectáreas, por las que la administración daba 73.291 euros. La propiedad pidió 135.675. Al no haber acuerdo se empezó un proceso judicial con una sentencia de la audiencia de Cáceres que fijó el justiprecio en 89.828 euros más los intereses.

La segunda finca afectada, Herguijuela de Arriba, era titularidad de Manuel Márquez de la Plata y Carvajal. Se expropiaron 39,6 hectáreas, que el propietario valoró en 18.417 euros, aunque al final se pagaron 15.959. La tercera finca, Riscos o Riscos de Ayuela, era de Antonio López Montenegro, al que se expropiaron 34,8 hectáreas, que la propiedad valoró en 11.663 euros, una cantidad que fue aceptada. De la finca La Pizarra, que entonces era propiedad de Gonzalo Ulloa y Ramírez de Haro, se expropiaron doce hectáreas.

Las fuentes citadas recordaron que los terrenos que lindan con el campo de vuelo son no urbanizables, un suelo que además está protegido por encontrarse en el espacio de conservación de los Llanos. Son terrenos que se utilizan para explotaciones ganaderas. La legislación sobre expropiaciones establece que si la obra no se realiza, el servicio no se establece o desaparece la afectación sobre el terreno se puede reclamar por su anterior propietario o heredero la reversión, para lo que hay que abonar a quien sea el titular actual, en este caso es el Ministerio de Fomento, la indemnización correspondiente, cuya cuantificación está establecida en la legislación.

 

UN PROCESO LARGO Por ahora, según precisaron los interlocutores citados, no ha habido contestación por Fomento al primer escrito en el que se pedía la reversión de una parte del terreno.

El subdelegado del Gobierno, Fernando Solís, manifestó ayer, a preguntas de este diario, que se está ante un procedimiento que "entiendo que va a ser largo". Añadió que desde ayer tiene información verbal de que se ha iniciado por uno de los titulares un proceso de reversión, aunque manifestó que oficialmente "no me consta". No obstante, Solís precisó que la solicitud se puede presentar ante el Ministerio de Fomento sin pasar antes por la subdelegación del Gobierno.

"Jurídicamente hay que analizar" la incidencia de la solicitud de reversión sobre la utilización del campo mientras se resuelve, indicó el subdelegado del Gobierno. La actividad en la instalación no está autorizada y Solís instó el pasado mes de octubre a las asociaciones que utilizan el campo de vuelo a que recaben los permisos de Fomento y de la Junta necesarios.


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