Prohibir a Juan Carlos Cofrade Santillana el ejercicio de actos propios de la profesión médica" fue uno de las medidas cautelares que la Fiscalía solicitó hace ya año y medio.

Así figura en el escrito que el fiscal-jefe, Aurelio Blanco, remitía el 27 de abril del 2007 al Juzgado Decano tras recibir la denuncia del Colegio de Médicos de Cáceres en la que se ponía de manifiesto que Santillana "puede estar ejerciendo la profesión médica pese a carecer de la titulación necesaria para ello y haber obtenido la homologación de su título y el alta en el Colegio de Médicos mediante la aportación de documentos que pueden ser falsos".

Ante estos hechos, que podían ser constitutivos de un delito de falsedad documental y de un delito de intrusismo, el fiscal solicitaba del Juzgado la apertura de diligencias de investigación, requerir al denunciado que aportara el título supuestamente falsificado para remitirlo a la Policía Científica para que esta informara sobre la supuesta alteración del mismo, y tomar declaración como imputado a Juan Carlos Cofrade. Además se solicitaba, como medidas cautelares "de protección de los perjudicados que, como pacientes, puedan acudir al denunciado", que hasta que se concluyera la investigación se ordenara la suspensión de su alta como colegiado y se le prohibiera el ejercicio de la medicina.

De la causa se hizo cargo el Juzgado de Instrucción 4 de Cáceres, que ya tomó declaración al acusado, y también ha recibido el título y demás documentación requerida; pero lo que al parecer no ha hecho efectivas aún son ninguna de las dos medidas cautelares solicitadas por el fiscal.

El Colegio de Médicos de Cáceres que, como ya adelantó el martes, "nada más confirmar por la Universidad San Martín de Porres de Perú que el expediente académico aportado por Juan Carlos Cofrade era de la universidad pero de otra persona le dio de baja como colegiado", reconoció ayer que no han recibido al respecto "ninguna instrucción ni orden alguna del Juzgado", señaló su presidente. Y por su parte, Santillana aseguró que "nadie me ha prohibido ejercer".

Por los delitos que le imputan Santillana podría enfrentarse a penas de más de seis años de prisión. Por el de falsedad se podrían pedir de entre 6 meses y 4 años y medio de prisión, que son las penas que se establecen cuando hay más de dos falsificaciones; mientras que por el delito de intrusismo, que normalmente se castiga con multa, podría en este caso castigarse con penas de 6 meses a dos años de prisión "por poder ser de aplicación el subtipo agravado, aplicable cuando el culpable se atribuye públicamente cualidad profesional amparada por el título correspondiente, que sería este caso".

Sobre la instrucción de la causa, la juez encargada del caso, a través del gabinete de prensa, confirmó exclusivamente que en el mismo se encuentran abiertas unas diligencias penales contra Juan Carlos Cofrade por los hechos antes referidos, que al mismo se le tomó hace ya tiempo declaración como imputado y que, ante la dimensión nacional de esta causa se está a la espera de conocer qué juzgado será competente. Al parecer, contra otro de los implicados había unas diligencias penales abiertas con anterioridad a las de Cáceres en el Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián, por lo que de ser estas las primeras abiertas podrían acumularse -unirse- todas las relacionadas con este asunto en aquel juzgado.