Tras casi dos años y medio separada de su hijo pequeño, cuya tutela le retiró la Junta de Extremadura cuando el niño aún no tenía cuatro años, Rosa María Gil, "desesperada", ha decidido pedir ayuda al Defensor del Pueblo, que se ha interesado por su caso y ha anunciado una investigación sobre lo sucedido.

Cansada de esperar, "de hacer todo lo que los técnicos me aconsejaban sin conseguir resultado alguno", Rosa María no lo dudó y remitió una larga carta a Enrique Múgica. En ella, a lo largo de nueve folios, le narraba su "trágica historia", esos más de dos años "que llevo separada de mi hijo porque la Junta de Extremadura decidió quitarme su tutela y, aún no sé muy bien porqué, sigue sin querer devolvérmela".

La respuesta fue inmediata. Apenas dos días después de su larga misiva Rosa María Gil recibía un escrito del Defensor del Pueblo en el que, entre otras cosas, Múgica indicaba: "Le informo que se ha iniciado el estudio de su asunto, que ha sido sometido a nuestra consideración, y se le mantendrá puntualmente informada de toda la tramitación relativa al mismo". Este hecho ha supuso para ella una pequeña esperanza, pues "el hecho de que haya respondido me hace albergar esperanzas de que me va a ayudar a recuperar al niño".

Por su parte, desde la Junta de Extremadura se ha eludido pronunciarse sobre este caso. "El asunto está en manos de la justicia y hasta que los tribunales no se pronuncien no se hará ningún comentario" fue la única respuesta facilitada a este diario por el gabinete de prensa.

Los hechos por los que Rosa María Gil, y también sus padres, Daniel Gil y Emilia Durán, apenas viven desde hace ya más de 30 meses, se remontan al 7 de abril del 2006, cuando la Consejería de Bienestar Social asumió la tutela del pequeño Iván, de 3 años -el pasado 25 de junio cumplió 6-, que ingresó en el Centro de Menores Julián Murillo de Cáceres

Pese al tratamiento de su madre en el Cedex y los informes positivos de su recuperación, y pese a la solicitud de acogida provisional por parte de los abuelos maternos y también de un hermano de Rosa María -todo ello está en manos de abogados y ha derivado en apertura de procesos judiciales aún en trámite-, tras un año en el centro de menores, el 27 de mayo del 2007 la Administración regional, "por sorpresa, y pese a la condena por maltrato que se impuso al padre", concedió el acogimiento del niño a los abuelos paternos, que residen en Tarrasa, donde cinco días después, el 1 de junio, Iván sería trasladado desde Cáceres.

Su madre y sus abuelos maternos siguieron en la capital cacereña, pendientes del resultado de los procesos judiciales, pero en julio pasado, tras un año de "más desesperación y más angustia", ya no aguantaron más y decidieron trasladarse a Tarrasa "para estar más cerca de nuestro niño y poder al menos verle"..

No quieren perder del todo la esperanza y por eso "seguimos luchando" para recuperar al pequeño Iván y "volver con él a Cáceres, nuestra tierra".