La decisión del juez Baltasar Garzón de abrir un proceso para reparar los derechos de las víctimas ocasionadas por el bando franquista en la Guerra Civil y durante el posterior régimen no servirá, en principio, para agilizar los trabajos de exhumación de fosas en la región. Según explica Julián Chaves, historiador y responsable del Proyecto Recuperación de la Memoria Histórica, de la Universidad de Extremadura (Uex), el procedimiento para recuperar los cuerpos de estas personas está fijado en la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Congreso de los Diputados hace justamente un año y el paso dado por el juez de la Audiencia Nacional no introduce ninguna novedad ni cambio en el proceso salvo que serán los juzgados territoriales quienes autoricen la exhumación. Como ocurría hasta ahora, las excavaciones necesitan una autorización judicial, el visto bueno de los familiares de los desaparecidos y el permiso del ayuntamiento donde está localizada la fosa.
Baltasar Garzón emitió el jueves un auto por el que se declaraba competente para investigar la desaparición de más de 114.000 personas a manos, presuntamente, del Franquismo desde el inicio de la Guerra Civil en 1936. El magistrado basa esta decisión en tres argumentos: la desaparición de personas es un delito permanente hasta que no se localiza al individuo o su cuerpo –por tanto, no prescribe ni se puede amparar en una ley de amnistía–; son crímenes contra la humanidad por existir un plan sistemático de exterminio; y el golpe militar es un atentado contra un Gobierno legítimo.
Ante esta situación, ha pedido a los registros civiles el certificado de defunción de Franco y otros 34 mandos militares o cargos políticos del régimen para garantizar que están muertos y que no pueden ser juzgados; ha exigido la identificación de los dirigentes de Falange Española entre 1936 y 1951, ha pedido la creación de un grupo de Policía Judicial que tenga acceso a registros públicos y privados con información sobre estas desapariciones y ha solicitado la creación de un grupo de expertos encargado de analizar y dictaminar el número, lugar, situación e identificación de las víctimas.
A estas medidas se suman la autorización para exhumar 19 fosas, tal y como habían solicitado a la Audiencia Nacional diferentes asociaciones y colectivos de familiares de desaparecidos. Ninguna de ellas está localizada en Extremadura, donde hay identificadas cerca de una veintena. No en vano, la región es la tercera comunidad autónoma con mayor número de desaparecidos –10.266– por la represión franquista, según la documentación que maneja el juez.
"La decisión de Garzón es positiva porque refrenda la labor que llevamos desarrollando durante muchos años los investigadores. Respalda nuestro trabajo y esperamos que sirva para facilitarlo un poco más", explica Julián Chaves. Para el investigador de la Uex, la creación de dos equipos, uno de la Policía Judicial para profundizar en la información de los archivos y otro de expertos para seguir el proceso de identificación y recuperación, puede suponer un importante apoyo para seguir aportando luz a este "oscuro" capítulo de la Historia reciente de España.
Sin embargo, el auto no servirá para agilizar el proceso de exhumación de las fosas localizadas en Extremadura. "El proceso ya está fijado en la Ley de Memoria Histórica, y para poder exhumar hay que contar con el consentimiento de las familias de los desaparecidos y del ayuntamiento al que pertenece el terreno", agrega Chaves.
Lo que sí ha hecho Garzón es delegar la autorización judicial y el control de todo el proceso en los juzgados territoriales. Es decir, las solicitudes de exhumación habrá que solicitarlas ante el partido judicial del municipio donde se encuentre la fosa.
Así, de acuerdo con las pautas que marca el documento aprobado por el Congreso el 31 de octubre del 2007, el primer paso es la investigación y la constatación de que hay indicios de quiénes son los desaparecidos y dónde se pueden encontrar. Después, una vez localizado el lugar donde puede estar la fosa, es necesario contactar con las familias y obtener su consentimiento.
