Eloy Sánchez Ramos no consigue olvidar los dos peores años de su vida en los que pasó de ser policía a delincuente. "No hay ni un solo día que no recuerde el sufrimiento de mi familia y el verme en prisión sabiendo que era inocente", lamenta aún con amargura. Ni siquiera los 162.810,25 euros de indemnización por lo ocurrido, que el Ministerio de Justicia ha ingresado hace unos días en su cuenta y que corroboran su inocencia, le ayudan a olvidar.

Han pasado casi cinco años desde que la Audiencia Provincial le absolviera a él y a otro compañero de la Brigada de Extranjería, Francisco Silgado, de varios delitos de corrupción de los que fueron acusados tras la denuncia de una prostituta extranjera. Ella aseguraba que cobraban dinero por legalizar a inmigrantes.

La palabra de aquella mujer pesó más que los 30 años de servicio de los agentes, ante sus superiores y ante la primera instancia judicial. El juez instructor del caso les mandó a prisión donde permanecieron de forma preventiva tres meses. Fueron 72 días en los que todo su mundo "se derrumbó".

"Mi reputación fue pisoteada y no podía soportar ver sufrir a mi familia siendo un policía honrado. Intenté suicidarme dos veces pero no fui capaz de llegar al final", recuerda con rencor. Hoy se alegra de no haber sucumbido del todo. Fueron dos veces absueltos –la sentencia se ratificó– y él ya ha cobrado la indemnización.

Ninguno es ya policía. Ambos fueron jubilados por incapacidad psíquica. De hecho, la indemnización intenta resarcir el daño moral y psíquico que ambos sufrieron durante el proceso, que degeneró en un estado depresivo crónico y les inhabilitó para continuar con su profesión. Pero las secuelas no tienen precio. Así lo cree Sánchez Ramos. "No hay dinero –asegura– que pague ni borre lo que nos hicieron, ni a nosotros ni a nuestras familias, solo es una prueba más de nuestra inocencia".

La Audiencia Nacional dio la razón a Eloy Sánchez, representado por el abogado Segundo Berjano, en diciembre del año pasado frente al Ministerio de Justicia, al que le reclamaban una compensación económica por daños y perjuicios. Francisco Silgado, defendido por el letrado Angel Luis Aparicio, espera aún la resolución de la Audiencia Nacional, aunque la previsión es que se pronuncie en el mismo sentido.

La concesión de estas indemnizaciones –140.000 euros más los intereses devengados– es "bastante excepcional", asegura Aparicio, ya que el ser absuelto en un proceso "no da derecho a ser compensado". De ahí que lo conseguido tenga más valor.

Pero Eloy Sánchez aún no está satisfecho. "Los que iniciaron esto deberían pedirnos públicamente perdón, eso para mi tendría más valor que el dinero", dice refiriéndose al jefe de Extranjería que dio curso a la denuncia falsa. "No hubo una investigación interna y se le debió abrir un expediente".

El apoyo de sus compañeros sí que fue crucial para no perder del todo la confianza en el Cuerpo al que había dedicado parte de su vida en el País Vasco y hasta en Guinea Ecuatorial antes de llegar a Cáceres desde su Eljas natal. Así animó a su hijo, que quería seguir sus pasos, a continuar con la carrera policial y hoy es agente en Huelva.

Eloy Sánchez, de 57 años, aún no sabe qué hará con el dinero. Sentado a la cabecera de una cama del hospital de Coria donde su madre se recupera de una operación, sigue buscando una explicación a lo que pasó y una forma de olvidarlo.