La autorización, por parte de la Junta de Extremadura, de cinco parques eólicos en la Sierra de Gata ha provocado las primeras fisuras en la comarca.

La primera reacción ha partido de un grupo de vecinos que ha constituido una plataforma contraria a los aerogeneradores. Su delegado, Renaud Miailhe, explicó ayer que se producirá un daño medioambiental irreversible al arrasar decenas de hectáreas de bosque y con el transporte y vertido de toneladas de hierro y hormigón.

El delegado de la plataforma dijo que "se destrozarán las cumbres de la Sierra de Gata" y que se frenará el turismo. Según sus cálculos, cada aerogenerador provocará la muerte anual de 20 aves, por lo que la mortandad en la Sierra de Gata se elevará en 1.900 aves cada año. La plataforma ha comenzado una campaña de sensibilización para lograr el apoyo ciudadano.

La postura de los alcaldes de la comarca también ha generado tensiones. El edil de Hernán Pérez y ex presidente de la Mancomunidad de Municipios de Sierra de Gata, Alfonso Beltrán (PSOE), dijo no estar satisfecho con un reparto que excluye a su pueblo, aunque confió en lograr el diálogo con el resto de alcaldes para que el reparto de ingresos sea mancomunado. En su opinión, son "pocos megawatios para la Sierra de Gata" y hubiese preferido un proyecto más grande y concentrado que tantos pequeños y diseminados.

El alcalde de Villamiel (PP), Juan Isaac Enrique, ha aclarado que mantendrá la agrupación constituída junto a cuatro municipios más hace ocho años para repartirse las compensaciones económicas, lo que excluiría al resto de municipios. La alcaldesa de Moraleja, Concepción González (PP) también ha terciado en la polémica, y ha dicho que si las lineas de evacuación pasan por su término, el pueblo deberá cobrar por ello.