Ahora que el debate sobre el aborto, o más bien la opción de reabrirlo, cobra actualidad –sobre todo por las campañas feministas en este sentido (que en la región han desembocado en la citación a declarar de las personas que a finales del año pasado se autoinculparon de haber abortado), aparte de la propuesta socialista en la misma línea, de la que se ha hecho eco el Gobierno–, es un buen momento para analizar cuál es la situación de Extremadura en este ámbito. Y el balance del estudio presentado recientemente por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) arroja algunos resultados llamativos, como que la comunidad se cuenta entre las diez comunidades que no garantizan la financiación de estas intervenciones, pese a que están legitimadas por la ley en tres supuestos. Además, la extremeña también es una de las cinco autonomías que no tienen ningún servicio sanitario público que ofrezca este servicio.
Para la vicepresidenta de ACAI, Francisca García, "el principal problema de Extremadura es que el Gobierno regional no cuenta con conciertos con entidades privadas, por lo que generalmente las mujeres deben abonar íntegramente el coste de la intervención; algo que por otro lado ocurre en la mayoría del país". Además, también destaca el hecho de que la región no solo no cuenta con ningún centro público que realice interrupciones voluntarias del embarazo, sino que además las dos clínicas privadas que operan en territorio extremeño solo están autorizadas para efectuar abortos en el primer trimestre, por lo que las mujeres que deben hacerlo posteriormente (principalmente, casos de malformaciones) se ven obligadas a viajar a otra comunidad, con los perjuicios que ello implica".
Pese a que la interrupción voluntaria del embarazo está recogida dentro del catálogo de prestaciones del servicio público de salud en los tres supuestos previstos por la ley –para preservar la salud materna, por riesgo para el feto o si el embarazo es consecuencia de una violación–, el informe de ACAI destaca que una decena de comunidades, entre las que está Extremadura, no garantizan su financiación.
GARANTIZAR EL ACCESO En el caso de la región, el documento destaca que aunque "el Plan de Salud 2005-2008 establece como objetivo específico garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema sanitario público", aún no existe "ningún centro público que garantice esta prestación".
Este extremo fue confirmado por fuentes del Sistema Extremeño de Salud (SES), que indicaron que, al igual que ocurre en otras comunidades, las mujeres que precisan este tipo de intervenciones son atendidas por clínicas privadas o derivadas a otras regiones, principalmente Madrid. En todo caso, cabe indicar que a nivel nacional solo tres de cada cien abortos se practican en centros públicos y esta atención se restringe básicamente a malformaciones severas del feto, según ACAI.
Por su parte, los responsables de esta organización creen inadmisibles las diferencias que, a la hora de tener acceso al aborto, existen entre comunidades, desde Andalucía (que sería su referente, al contar con conciertos con las clínicas privadas para efectuar las interrupciones voluntarias del embarazo) a Navarra (que ni siquiera cuenta con centros privados que realicen este tipo de intervenciones). "Es necesario que se actualice la regulación del aborto, con la aprobación de una ley de plazos razonables, así como que se garantice la financiación de este derecho".
En cuanto a los últimos datos disponibles en este ámbito, el director gerente del SES, Dámaso Villa, actualizó el pasado mes de febrero las cifras de interrupciones voluntarias del embarazo registradas en la región, según las cuales durante el 2006 se produjeron en Extremadura 1.186 abortos. De este modo, la tasa de abortos se sitúa en la mitad de la media nacional, aunque Villa reconoce que cada caso "es un drama" para la mujer y para el sistema de salud.
