El Ministerio de Medio Ambiente ha impuesto una sanción de 284.000 euros al ayuntamiento por realizar vertidos ilegales de la depuradora de aguas residuales al arroyo Harnina durante el período de tiempo comprendido entre el 30 de noviembre del 2006 y el 4 de enero del 2007.

La ministra de Medio Ambiente publicó el 19 de marzo una resolución en la que impone una sanción de 240.000 euros y la obligación de indemnizar los daños causados al dominio público hidráulico con una cuantía de 44.870 euros.

El origen de la multa se remonta a octubre del 2006 cuando la Plataforma contra la Contaminación denunció al Seprona y a la Confederación Hidrográfica del Guadiana que la depuradora vertía "directamente agua al arroyo sin depurar, que por su color verde intenso y olor característicos hacían suponer que podían proceder de vertidos ilegales a la red de alcantarillado".

Según explicó ayer el alcalde José María Ramírez, técnicos de confederación visitaron la zona en octubre para realizar una prueba, pero las fuertes lluvias que caían esos días lo impidieron porque el arroyo estaba muy revuelto. Después, regresaron e hicieron una primera toma el 30 de noviembre y otra el 4 de enero. Los resultados de ambas superaban los valores permitidos y "se supone que durante estos 35 días ha habido vertidos ilegales".

No obstante, resaltó que en la realización de estas pruebas hay elementos que no se han tenido en cuenta. "Las tomas se realizaron un jueves y hasta el martes siguiente no se analizaron y los parámetros dicen que hay que examinarlos en 24 horas", explicó. "Además, durante estos días las pruebas tenían que estar en una nevera que no se sabe si estaba refrigerada o no durante los cuatros días", añadió. También señaló que se deberían haber tomado tres tomas, y no dos como se ha hecho, para ver si la tercera daba resultados contradictorios. Por último, Ramírez anunció que durante esta fecha, entre noviembre y enero, una empresa que trabaja para la Junta hizo un análisis y comprobó que no había ningún problema con el agua de Almendralejo, "por lo que destruía la hipótesis de la confederación".

El ayuntamiento se basará en estos hechos para recurrir esta resolución y si no se la aceptan acudirán a la Audiencia Nacional para "defender los derechos de Almendralejo". "Creemos que la resolución adolece de efectos y de fondo y forma, hay argumentos para deshacerla", indicó. "Almendralejo no tiene porqué tener este trato de Confederación y del ministerio como lo está teniendo; a veces parece que tiene tintes de persecución", se quejó. No obstante, admitió que a veces ha habido vertidos ilegales por parte de algunas industrias y que la depuradora no funciona como debería de hacerlo, "pero se trajaba para resolverlo". De hecho, en verano comenzará la obra de ampliación y remodelación de la depuradora.

Por su parte, la Plataforma pidió ayer que se aplique con rigor el Reglamento Municipal de Vertidos y Depuración de las Aguas Residuales del Ayuntamiento.