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Unos 180.000 euros tendrá que pagar el Estado a Eloy Sánchez Ramos, uno de los dos policías de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Cáceres que hace ya seis años fue detenido, acusado de corrupción y, tras un largo proceso en el que llegó a estar en prisión 73 días, juzgado y declarado inocente.

Lo resuelve así la Audiencia Nacional, al declarar en sentencia de fecha 18 de diciembre "la responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia", condenándole a pagar a Eloy Sánchez 140.000 euros "como indemnización por los daños y perjuicios sufridos", así como el interés legal desde la fecha –23 de diciembre del 2004– en que se formuló la reclamación, lo que supondrá unos 40.000 euros más.

A Eloy Sánchez y Francisco Silgado, a los que se acusaba de cobrar dinero a mujeres inmigrantes que ejercían de prostitutas en la provincia de Cáceres para legalizar su situación, la Audiencia Provincial de Cáceres les absolvía por primera vez el 2 de abril del 2003, pero la Fiscalía recurrió ante el Tribunal Supremo, que revocó la sentencia y ordenó que se dictara una nueva.

Atendiendo esta resolución del Supremo, la Audiencia dictó el 10 de marzo del 2004 una nueva sentencia, también absolutoria, que de nuevo volvió a recurrir la Fiscalía, pero el 26 de abril el Supremo dictaba un auto desestimando el recurso. La absolución, y por tanto la libertad de los dos policías, se hacía ya firme y definitiva.

Ya definitivamente declarados inocentes ambos reclamaron al Ministerio de Justicia por los "graves" daños y perjuicios que estimaban se les habían causado desde el 26 de noviembre del 2001 en que fueron detenidos y el 26 de abril del 2004 en que se cerró el proceso contra ellos. En concreto porque, siendo inocentes, se vieron sometidos a una investigación policial, imputados en un proceso judicial por delitos muy graves –continuado de cohecho, de falsedad en documento oficial, contra el derecho de los trabajadores…–, en prisión preventiva un total de 73 días –del 26 de noviembre del 2001 al 27 de febrero del 2002–, obligados a pagar una fianza de 12.000 euros para salir y sometidos además a expedientes disciplinarios con suspensión de empleo y sueldo durante 399 días.

El ministerio de Justicia desestimó sus reclamaciones de daños y perjuicios y los dos agentes recurrieron a la Audiencia Nacional. Sánchez ya tiene la sentencia de este tribunal, que estima su recurso y condena al Estado a pagarle una indemnización de 140.000 euros más los intereses legales; mientras Silgado espera una sentencia idéntica en breve.