El fiscal solicitó ayer 60 euros de multa para cada uno de los 18 activistas de Greenpeace que "tomaron" la central nuclear de Almaraz por agua, tierra y aire en un acto de protesta celebrado el 24 de mayo pasado.
La planta denunció a los ecologistas por un presunto delito de coacciones que fue archivado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Navalmoral; la denunciante recurrió y la Audiencia Provincial estimó que la causa se juzgase como falta.
Greenpeace obligó a declarar la "situación cero" del Plan de Emergencia Exterior y de prealerta en el interior de la central. Una veintena de ecologistas se encadenó a las puertas de acceso, 10 bordearon el embalse de Arrocampo en una zodiac y uno surcó el cielo en un paramotor.
El letrado de la acusación pretendió sin éxito que se juzgara al responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, pese a que previamente no había sido denunciado por los hechos y asistió a la vista como público. El jefe de Seguridad Física de la planta, Domingo Martín, no acertó a indicar el número de puertas de acceso que tiene la instalación y fue impreciso al detallar aspectos del estado de prealerta que se declaró con motivo de la protesta.
A tenor de lo ocurrido en la vista, Carlos Bravo informó que Greenpeace presentará una denuncia ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) "por la situación de descontrol" que existe en la planta.
