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El primer juicio contra el exdirigente agrario Luis Cortés, el derivado de la causa instruida en el Juzgado de Trujillo por presuntas irregularidades en la recepción de ayudas europeas a la producción y transformación de higos secos en la campaña 1998-99 ha quedado aplazado. Ayer debía comenzar en el Juzgado de lo Penal de Cáceres la vista oral, en la que se habría de juzgar tanto a Cortés, exsecretario regional de COAG, como a José Javier García Cuadrado, expresidente de Iniciativa Rural Sociedad Cooperativa, José Javier García Cuadrado, pero tras las alegaciones preliminares del pasado martes, el juez ha dispuesto su aplazamiento para que se pueda subsanar un error producido en la tramitación judicial.

Como ya adelantó el día 5 este diario, haber confundido Coag-Extremadura con Iniciativa Rural-Coag (IR-COAG) motiva el aplazamiento. Tras estudiar la situación, el juez titular del Juzgado de lo Penal de Cáceres, Jesús Gómez Flores, ha dispuesto "retrotraer las actuaciones en el presente procedimiento al momento inmediatamente posterior al dictado del auto de apertura de juicio oral", a fin, hace constar en el auto dictado al efecto, de que por el Juzgado de Trujillo "se dé traslado de las acusaciones formuladas a Iniciativa Rural-Coag para que pueda personarse en el procedimiento como responsable civil subsidiario y presentar su correspondiente escrito de defensa". Y se le requiere, asimismo, que preste la oportuna fianza.

Resuelve al mismo tiempo el juez eximir de responsabilidad a Coag-Extremadura, que según hace constar "no ha sido acusada ni designada como responsable civil por ninguna de las partes acusadoras".

El juez también ha resuelto no admitir como acusación particular a Iniciativa Rural Sociedad Cooperativa, que sí seguirá en el proceso como responsable civil subsidiaria.

La fiscalía mantiene su acusación y petición de penas para Cortés y García Cuadrado. Les acusa de los delitos de falsedad documental y fraude a la hacienda de las comunidades, y pide por ellos para cada uno cuatro años de prisión. Además, solicita también que ambos paguen, de forma conjunta y solidaria, un millón de euros (170 millones de las antiguas pesetas), que es la cantidad que se estima cobraron de forma irregular en ayudas.


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