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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres ha condenado a la Central Nuclear de Almaraz a abonar 548.218,26 euros al ayuntamiento de este municipio por el concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de características especiales correspondiente a los ejercicios comprendidos entre 2001 y 2004.

La sentencia desestima un recurso contencioso administrativo presentado por la planta contra una resolución de 13 de noviembre de 2006 del Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Cáceres, por considerar que la postura de la Administración era temeraria. En el procedimiento actuaba como codemandado el Ayuntamiento de Almaraz.

Según el fallo judicial, el ayuntamiento presentó la liquidación del IBI de características especiales partiendo de la nueva valoración catastral del inmueble realizada el 12 de agosto de 2005. La Central Nuclear de Almaraz tenía sin registrar en el catastro varios inmuebles desde el año 1998 y algunos fueron dados de alta en 2005 a raíz de una revisión realizada por el ayuntamiento, según fuentes municipales. Las liquidaciones impugnadas se realizaron en base a una revisión del valor catastral del inmueble afectado tras haberse realizado obras de ampliación en el edificio y constatarse que su valor era superior a los 160,5 millones de euros.

En su recurso, la propiedad de la planta argumentó que existía un acuerdo con el ayuntamiento para mantener sin variaciones la presión fiscal y aportó como prueba un documento de 1999, pero no acompañó otro de 2003 que dejaba sin efecto los anteriores.

La alcaldesa de Almaraz, Sabina Hernández, explicó ayer que el ayuntamiento sólo pudo reclamar el pago del IBI de características especiales de los últimos cuatro años y avanzó que este fallo judicial permitirá mayores ingresos de la cuota anual por este concepto. La sentencia no es firme y la Central Nuclear de Almaraz dispone de 15 días para presentar recurso de apelación.

Este es el segundo fallo judicial contra la Central Nuclear de Almaraz en los tres últimos meses. El mismo juzgado condenó el pasado mes de septiembre a las compañías eléctricas propietarias de la planta a abonar al ayuntamiento aproximadamente 1,8 millones de euros como consecuencia de la aplicación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de características especiales correspondiente a 2005. El fallo no admitió un recurso de la planta presentado contra una ordenanza del ayuntamiento, que a finales de 2003 decidió subir el tipo de gravamen del IBI del 0,6 al 1,3%, el máximo permitido por Ley, por considerar que sus instalaciones eran un bien de características especiales.


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