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La Junta de Extremadura y la Delegación del Gobierno colaborarán con las organizaciones agrarias en la construcción de albergues y en la habilitación de viviendas para dar cobijo a aquellos inmigrantes que en las próximas campañas agrícolas acudan a trabajar en condiciones legales a las explotaciones extremeñas.

Lo que aún está por determinar es si la propia Administración construye los albergues o si articula una serie de ayudas o subvenciones para que sean los empresarios agrícolas los que habiliten espacios para acoger a estos trabajadores, según explicó ayer la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio.

Aunque la obligación de habilitar estos espacios es de los empresarios, "la Administración colaborará para que no surjan problemas como los de este año".

Cuando todavía no han concluido las campañas agrícolas del 2007, las distintas administraciones han empezado ya a trabajar para que las del próximo año discurran con normalidad y no se repitan los problemas surgidos este año a raíz de los campamentos ilegales de temporeros rumanos asentados en diversos municipios, como Santa Marta de los Barros.

La primera reunión de trabajo se celebró ayer en la Delegación del Gobierno de Extremadura y asistieron, además de la delegada Carmen Pereira y Pilar Lucio, los subdelegados de Cáceres y Badajoz, el director de la Tesorería de la Seguridad Social, Alberto Arroyo, y concejales y alcaldes de Almendralejo, Villanueva de la Serena, Arroyo de San Serván, La Albuera y Santa Marta de los Barros.

Estos representantes pusieron encima de la mesa la necesidad de colaborar conjuntamente, cada uno en el ámbito de sus competencias, para conseguir que los rumanos, –que son ciudadanos europeos con permiso de residencia–, que vienen a trabajar en la recolección de frutas y hortalizas tengan contratos legales y regulares, y estén dados de alta en la Seguridad Social.

Otra de las cuestiones que quedó patente, según explicó al término de la reunión Carmen Pereira, es que no se permitirán acampadas, a tenor de la ley que regula esta materia y de las ordenanzas municipales que establezca cada municipio. Por ello se acordó colaborar en la habilitación de espacios "donde puedan vivir con dignidad y con todas las garantías sanitarias que nos hemos dado los propios españoles", según Pereira.

Los alcaldes de la zona se han comprometido a realizar un estudio en cada pueblo para conocer las necesidades reales de mano de obra que tienen los empresarios, aunque Pereira recordó que las organizaciones agrarias "tienen la obligación de hacer unas previsiones con antelación de cuáles son los trabajadores que van a necesitar para sus campañas agrícolas, así lo establecieron en los convenios firmados con la Secretaria de Estado de Inmigración" .

Pereira también anunció que se intensificarán las inspecciones de Trabajo y aseguró que se ha pedido además apoyo técnico para agilizar los trámites para las altas en la Seguridad Social.

El alcalde de Santa Marta de los Barros, Jorge Vázquez, se declaró "optimista" y "satisfecho" tras la reunión, al considerar que "se están dando pasos importantes para que en la campaña del 2008 la situación de este año no se repita".