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El Juzgado de lo Penal 1 de Badajoz ha condenado a entre cuatro meses y casi seis años de prisión a cuatro "estafadores". El titular del juzgado les declara culpables de un delito de falsedad en documento oficial, uno continuado de estafa y otro continuado de falsedad en documento mercantil.

La jueza declara probado que los acusados lograron engañar a cinco de los principales concesionarios de coches de Badajoz, cuatro entidades financieras y una tienda de informática. Los ladrones se hicieron con tres vehículos y tenían pedidos otros cuatro que no llegaron a recoger, así como de un ordenador personal y un teléfono móvil, todo entre el 5 y el 21 de abril del 2006, según consta en la sentencia, recurrible ante la Audiencia.

La jueza ha condenado por falsedad en documento oficial a O. O. S., madrileño de 32 años, a dos años de prisión y multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros; y a Ch. T., marroquí de 25, a un año y seis meses de cárcel y a la misma multa. Por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso ideal con un delito continuado de estafa, a tres años de cárcel a cada uno y multa de once meses a tres euros por día. Y por un delito continuado de estafa condena a F. F. R. a cuatro meses de prisión, y a J. O. S. –ambos madrileños de 25 años–, hermano de O. O. S., a seis meses.

 

HECHOS PROBADOS O. O. S. acudió –según consta como hechos probados en la sentencia– el 5 de abril del 2006 al concesionario Seat Nuasa provisto de un DNI a nombre de P. V. M. S., al que previamente había sustituido la fotografía, con intención de adquirir un coche Seat León TDI, como así fue, con matrícula 2906-DYK. Para acreditar su solvencia presentó nómina, contrato de trabajo, fotocopia de una cuenta bancaria y su DNI, siendo financiado por el Banco Santander Central Hispano.

El vehículo lo retiró Ch. T. con una autorización del primero mostrando un DNI con la foto cambiada, y antes de que la financiera procediera a la inscripción de la reserva de dominio del coche en el registro, éste fue transmitido a la entidad Paneco Automoción S. L., que lo adquirió de buena fe, ocasionando un perjuicio a la financiera de 21.300 euros correspondientes al préstamo no abonado.

En otro día no determinado de ese mes de abril, el mismo O. O. S. realizó la misma operación en el concesionario de Opel Convensa, para adquirir un Opel Astra GTC de color gris lunar, por un importe de 23.635 euros, financiándolo a través del BBV, que aprobó la operación. En esta ocasión lo retiró una persona bajo el nombre falso de José Miguel Rodríguez y fue transmitido de inmediato a otra persona. En este mismo concesionario, Ch. T. intentó adquirir un segundo vehículo que finalmente no le fue entregado porque la policía abortó la operación.

Asimismo, el 10 de abril, O. O. S. repitió la operación en el concesionario de Alfa Romero Flick, donde por el mismo sistema y bajo otro nombre adquirió un Alfa Romero 147 por importe de 24.309 euros, con financiación de Tarcredit EFC. Además, el día 18, Ch. T. y otra persona acudieron al concesionario Renault Marcesa para adquirir un Megane 1.9 DCI mediante financiación a nombre de José Miguel Rodríguez, que en esta ocasión no les fue entregado, como tampoco un segundo automóvil que pretendían adquirir y cuya operación no se llegó a formalizar.

 

UN ORDENADOR El día 17 del mismo mes, de nuevo Ch. T., actuando con otro nombre, adquirió en El Corte inglés un ordenador personal por importe de 1.647 euros y un teléfono móvil, por 905, ambos financiados por la propia empresa.

Y cuatro días más tarde, de nuevo estas mismas personas se presentaron en el concesionario de Peugeot Mosa para adquirir un Peugeot 206 HDI de color negro por importe de 20.000 euros y una furgoneta Boxer MH por valor de 20.400 euros, suscribiendo préstamos con la financiera PSA Holding, si bien los vehículos no llegaron a ser retirados del establecimiento.

La sentencia dice que F. F. R. fue captado por O. O. S. en un poblado de Villaverde (Madrid) con el único fin de recoger un vehículo en Badajoz, en Renault, a cambio de un precio, para lo cual se le expidió una autorización a nombre de José Miguel Rodríguez con un DNI, pero fue interceptado por la policía cuando trataba de retirar el coche. Además, indica que F. F. R. fue trasladado a Badajoz por su captor, que se encargaba de los desplazamientos de las personas que retiraban los vehículos de los concesionarios.

Así, la juez les impone también a O. O. S. y Ch. T. –siendo "subsidiarios" los "cómplices" J. O. S. y F. F. R.–, pagar al Banco de Santander 21.300 euros; a Tarcredit 24.306; al BBV 21.700 y a El Corte Inglés 2.503 euros.


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