El ayuntamiento de Moraleja aprobó ayer en el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre interponer un recurso contra la resolución de la Consejería de Cultura que resuelve el expediente sancionador por la cantidad de 60.000 euros por las obras de la escuela municipal de golf en el paraje denominado del Ladrillar.
El pleno aprobó este asunto por unanimidad, con el apoyo de los concejales socialistas adscritos al grupo mixto, a pesar de que incluye una reserva de que en caso que la Junta de Extremadura siga con el procedimiento adelante, el ayuntamiento procedería por la vía penal contra los concejales de la anterior legislatura y que supondría que estas personas respondiesen ante este expediente sancionador.
En el turno de intervenciones y debate sobre este asunto, el concejal socialista, portavoz del grupo mixto, Felipe Mayoral, explicó que cuando se inició este proyecto en la anterior legislatura, el consistorio solicitó un informe al arquitecto municipal en el que, según leyó textualmente Mayoral, "no existía impedimento" para poner en marcha el proyecto del campo de golf. Asimismo, calificó la actitud del PP, el año pasado en la oposición, que presentó una denuncia ante la Consejería de Cultura de "desleal" al haber interpuesto "antes los intereses partidistas a los municipio".
La alcaldesa, Concepción González, acusó a Mayoral de decir "verdades a medias" durante la lectura del informe del técnico municipal en el que la primera edil señaló que se había saltado un punto que indica que esta parcela estaba "incluida en la carta arqueológica número 1" y que en caso de que se hallasen restos el promotor debía "paralizar los trabajos, tomar las medidas adecuadas y comunicarlo a la consejería en un plazo máximo de 48 horas". Por su parte, el portavoz del grupo popular, Carlos Lomo, indicó además que el informe de la instructora del caso apuntaba a que en la "zona afectada por el movimiento de tierras se había constatado materiales constructivos de la época romana".
Por otra parte, en la sesión plenaria del viernes también se aprobó por unanimidad la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras que permitirá bonificar a los propietarios de establecimientos y tiendas que eliminen las barreras arquitectónicas. De este modo, el consistorio bonificará un 90% de la licencia de obra para que se facilite el acceso de los discapacitados a todos los establecimientos del municipio. También por unanimidad, se dio salida a una modificación de la ordenanza reguladora de la tasa de otorgamiento de las licencias urbanísticas. En concreto, el ayuntamiento obligará a las personas que realicen una obra que afecte a zonas de la vía pública, a depositar una fianza que les será devuelta una vez restauren la calzada y el acerado que se haya visto afectado. De no ser así, este ciudadano debería abonar la cuantía que estime la brigada de obras a la hora de reestablecer esa vía pública.
En el punto sexto del orden del día, el edil socialista portavoz del grupo no adscrito solicitó que se retirasen del orden del día los puntos sexto, séptimo, octavo y noveno al considerar que no estaban dictaminados correctamente en la comisión informativa correspondiente.
Por otra parte, el Partido Popular presentó cinco mociones de urgencia sobre distintos temas como exigir que se cumpla la legalidad en el tema de los símbolos nacionales como la bandera de España, mostrar su apoyo a la Corona ante los ataques que está sufriendo la familia Real, pedir al Ministerio de Agricultura que se limpie el cauce de la Rivera de Gata, abrir una investigación para aclarar el uso de material deportivo por parte de un familiar del concejal socialista Antonio García y establecer un mecanismo de información para que los vecinos puedan acceder a un resumen de todo lo que sucede en las sesiones plenarias.
