Siete nuevos radares medirán la velocidad a la que circulan los conductores por las carreteras de la región, según anunció ayer la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, quien, aunque no detalló la fecha concreta de su instalación, sí apuntó que estarán operativos "en poco tiempo".
Estos radares se sumarán a los 13 que ya tiene instalados la Dirección General de Tráfico (DGT) en las carreteras extremeñas, siete en la provincia de Badajoz y seis en la de Cáceres. La delegada realizó este anuncio poco antes de la reunión de la Comisión Regional de Tráfico en la que se abordaron las causas y soluciones al incremento del número de fallecidos en accidentes de tráfico en Extremadura, que desde el 1 de enero al 31 de agosto de este año han sido 78, frente a los 69 del mismo periodo del 2006, un 13% más, informa El Periódico Extremadura.
El mayor aumento se ha producido en la provincia de Badajoz, en cuyas carreteras han perdido la vida en lo que va de año 59 personas, las mismas que en todo el 2006. Por el contrario, en la provincia cacereña el número de muertos en accidentes se ha reducido casi a la mitad: de enero a agosto han fallecido 19 personas, frente a las 34 del mismo periodo del año pasado. De las 78 personas que se han dejado la vida en las carreteras de Extremadura, 27 eran menores de 30 años y siete, motoristas. Asimismo, 62 de los siniestros ocurrieron en vías interurbanas y 16 en cascos urbanos.
La delegada del Gobierno señaló que estos datos contrastan con las actuaciones llevadas a cabo en la región para prevenir los accidentes mortales en las carreteras –más controles, radares, campañas publicitarias y mejora de las infraestructuras viarias– y atribuyó este incremento a la "relajación" de los conductores porque las sanciones del carnet por puntos –que, a su juicio, fueron determinantes para reducir el número de muertos del 2004 al 2006– no se materializan rápidamente.
En este sentido, la delegada defendió que este año se está intentando mejorar la aplicación de estas sanciones, el centro estatal de tratamiento de denuncias automatizadas, así como revisando los procedimientos sancionadores. A lo que se añade, dijo, la implicación del sistema judicial y la participación más activa de los fiscales con la futura reforma del Código Penal.
