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El pasado mes de julio, Ecologistas en Acción Extremadura denunciaba ante el  SEPRONA, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento del Guijo de Santa Bárbara la existencia de edificaciones clandestinas en la zona de suelo perteneciente a la red de espacios protegidos Natura 2000.

Recientemente esta asociación ha recibido un escrito del SEPRONA mediante el cual se confirma que todas la actuaciones denunciadas "carecían de las preceptivas autorizaciones administrativas".  En este escrito también se informa de que estos "procesos edificatorios han sido denunciados ante el ayuntamiento de la citada localidad".

Es ahora al ayuntamiento a quien corresponde la paralización de las obras y el inicio de todas las acciones necesarias para reponer el daño ambiental causado y  terminar con la situación de impunidad en la que hasta ahora se han venido realizando este tipo de actuaciones.  Nada más eficaz para esto que la imposición de las sanciones administrativas que prevé nuestra legislación y el inicio de los procesos judiciales oportunos que finalicen con la demolición de las edificaciones.

Aunque Ecologistas en Acción de Extremadura aún no ha recibido ninguna respuesta oficial por parte del ayuntamiento, es conocedora de que este ha iniciado la paralización de algunas construcciones. Sin embargo ha podido comprobar que en algunas de las construcciones en las que se ha dado orden de paralización los trabajos continúan y que se están iniciando nuevas obras en la misma zona en la que se encuentran las edificaciones denunciadas.

Por ello la asociación reclama una respuesta clara del ayuntamiento ante las denuncias presentadas y una actuación rotunda y no de "mínimos" ante todas las acciones clandestinas que se producen en su término municipal. El incumplimiento de las órdenes de paralización constituye un agravante serio de la infracción aumentando considerablemente la cuantía de las sanciones. Es obligación de  los ayuntamientos comprobar que las órdenes de paralización se acatan y, cuando es no es así, denunciar los hechos ante el juzgado.

Por parte de este grupo ecologista se están preparando ya nuevas denuncias en éste y otros municipios de la zona, puesto que, desgraciadamente, las construcciones denunciadas son solamente una pequeña parte de las existentes.  De esta forma se espera lograr la implicación de todas las administraciones involucradas  y que se adopten de forma urgente todas las medidas necesarias para erradicar este tipo de actuaciones.

Para ello es especialmente necesaria una actuación diligente y comprometida de la fiscalía, y sus últimas actuaciones apuntan en esa dirección, tal y como demuestra el procesamiento como imputados del alcalde de Sierra de Fuentes y de un constructor como presuntos inductores de un delito de prevaricación urbanística en ese municipio.

Ecologistas en Acción de Extremadura quiere insistir finalmente en la necesidad de la "reparación del daño" tal y como marca la ley. La paralización de la obras y la imposición de las sanciones deben ser sólo los primeros pasos de un proceso que culmine con la demolición de las obras, ya que este es el único modo de recuperar  el paisaje y reparar el daño ambiental, y es también la mejor manera de disuadir a futuros infractores.