Un concejal de la localidad pacense de Trujillanos ha sido detenido como presunto autor de un delito de estafa. El edil, Antonio Mordillo, único representante del partido Independientes por Extremadura (Ipex) en ese consistorio, fue detenido en San Pedro de Mérida tras darse a la fuga en el municipio de Casas de Don Pedro (Badajoz), donde intentó estafar a 35 familias con la falsa venta de 58 viviendas que presuntamente iba a construir la promotora madrileña Pryconsa. El edil se hizo pasar por el representante de esta empresa en la región utilizando una identidad falsa y cobró en efectivo 750 euros a cada familia por hacer el contrato de reserva de la presunta vivienda. Con ello la estafa podría haber alcanzado los 26.000 euros.
Todo ocurrió a finales de la pasada semana. El estafador se presentó el jueves en el Ayuntamiento de Casas de Don Pedro pidiendo la colaboración del consistorio y presentando el proyecto para construir esas hipotéticas viviendas, valoradas en 60.000 euros y de 90 metros cuadrados habitables más una superficie por determinar de patio, según figura en el contrato que el concejal facilitó a los interesados.
Sin embargo, el ayuntamiento, en contacto con la empresa constructora a la que se hacía referencia en los contratos confirmó que en ésta no conocían a Mordillo y que no era representante de Pryconsa. Fue entonces cuando "nos dimos cuenta de que era una estafa y se paralizó todo; el estafador huyó y lo cogieron en San Pedro de Mérida", comentó ayer a EL PERIODICO EXTREMADURA la alcaldesa de Casas de Don Pedro, Inmaculada Vicente.
Para entonces, el detenido ya había logrado que le pagaran los 750 euros cada una de esas 35 familias. Se da la circunstancia, de que el viernes pasado, día en el que fue detenido, estaba cobrando ese dinero a los estafados y huyó al ser localizado por la Guardia Civil. En la huida se dejó un maletín con parte del dinero y con contratos falsos. Finalmente fue capturado en San Pedro de Mérida ese mismo día y puesto a disposición judicial. Mientras tanto, el dinero permanece requisado por la jueza que está llevado el caso.
Los contratos estaban perfectamente redactados y entre las once cláusulas destacan que, además de los 750 euros en concepto de reserva de la vivienda, los compradores debían pagar otros "750 euros al firmar el contrato definitivo de compra-venta", así como "22 recibos de 120 euros" que pagarían al iniciarse las obras. Asimismo, a la entrega de llaves abonarían una "cuota de 160 euros cada mes", según reza en los contratos.
