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El caso del tráfico ilegal de animales que la Guardia Civil destapó hace algo más de un año en la región con la intervención de una docena de antílopes negros indios en el interior de una finca ubicada en la localidad cacereña de Zarza la Mayor no llegará a juicio.

Será así al haber resuelto el juzgado cacereño encargado de la instrucción de esta causa su archivo, lo que según ha podido saber este diario ha motivado una cuestión económica. Se ha debido al hecho de que el valor de los animales introducidos ilegalmente en España no supera los 18.000 euros que se requieren para poder enjuiciar por un delito de contrabando, imputado al propietario de la finca.

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Todo se inició el 23 de diciembre del 2005, cuando agentes del Seprona destinados en Valverde del Fresno que llevaban a cabo un servicio de protección del medio ambiente detectaron en el interior de la finca Rivera Baja diversas especies de mamíferos no autóctonos. Entre ellas identificaron en torno a una docena de ejemplares de antílope negro indio (antílope cervicapra ).

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El titular de la explotación no pudo acreditar la operación de compra legal de estos animales para que pudiesen ser introducidos en España, por lo que los agentes del Seprona, tras confirmar que este empresario había llevado a cabo su importación prescindiendo de los permisos y autorizaciones pertinentes que debían ser expedidos por la Dirección General de Medio Ambiente y que carecía del preceptivo certificado de origen y del permiso de exportación, levantaron el acta de aprehensión por una supuesta infracción a la ley de represión del contrabando.

 

El propietario de la finca fue denunciado por infringir las leyes de Contrabando y de Caza de Extremadura, así como el reglamento de Epizootias. Del procedimiento, seguido por un presunto delito de contrabando, se hizo cargo el Juzgado de Instrucción número 5 de Cáceres que, tras algo más de un año de instrucción e investigaciones, y a petición de la Fiscalía, ha decretado su archivo.

"Para que se pueda juzgar por un delito de contrabando se requiere que el valor de lo intervenido, de lo derivado de ese contrabando, supere los 18.000 euros, y en este caso no es así", señalaron a EL PERIODICO fuentes jurídicas cercanas al caso. Estas matizaron que el valor del total de los antílopes que había en la finca "sí es algo superior a esa cantidad, pero no todos ellos han sido introducidos ilegalmente en España, ya que algunos de estos animales han nacido en la finca de Zarza donde se encontraron, lo que ha hecho disminuir la mencionada cantidad y obligado, con ello, a tener que archivar la causa".

La vía judicial se cierra así para una de las dos operaciones que contra el tráfico de animales exóticos llevó a cabo la Guardia Civil en la región a finales del año 2005 y casi de forma paralela. El otro caso, el que se concluyó en la localidad pacense de Monterrubio de la Sierra con la recuperación de tigres y leones que se estaban utilizando para cacerías ilegales, sí llegará a juicio. En el banquillo de los acusados se sentarán Manuel D. M., presunto organizador de los safaris y dueño de la finca Los lunares , donde se celebraron; sus dos colaboradores, Juan Pedro B. R. y Manuel B. N.; y tres cazadores, Tomás José F. M., David J. O. y Basilia T. S. El fiscal les acusa de delitos continuados contra la fauna por los que pide una suma total de 12 años y 10 meses de prisión –2 años y 10 meses para el primero y 2 años para cada uno de los otros imputados–.


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